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Entre ellos, las iglesias y entidades adheridas tienen algunas exenciones fiscales así como el Impuesto Recursos Inmuebles o de transmisiones patrimoniales. Los integrantes de estas entidades adheridas pueden desgravarse los donativos a la iglesia en sus afirmaciones de IRPF y los ministros de culto están habilitados para celebrar matrimonios evangélicos con efectos civiles. En una gran parte de las situaciones, los ministros de culto de FEREDE también tienen la posibilidad de darse de alta y cotizar en la seguridad social, aunque no en todos en el caso de Ministros de culto extranjeros, siendo aconsejable preguntar cada caso. El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se realice el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese de dichos tratamientos. Para ejercer el derecho de oposición ser preciso una petición apuntada al responsable del fichero. El Responsable del Fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción.
Para ejercitar los derechos de rectificación y cancelación, el afectado debe dirigirse al responsable del tratamiento solicitando la rectificación o cancelación de sus datos. Sendos derechos tienen que hacerse efectivos por parte del responsable del fichero en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. La inscripción de la entidad religiosa en los registros municipales no es obligatoria pero puede serlo o puede favorecer en la situacion de estimar participar de las ayudas o subvenciones que el municipio ponga a disposición. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior la asistencia religiosa no puede desembocar en un monopolio. Por ello el ministro de culto debe procurar integrar en su círculo de ministerio espiritual a ayudantes, voluntarios y ministros de culto que deseen formar parte en dicha asistencia religiosa de forma constructiva y en colaboración. Hasta fecha reciente la FEREDE vino expidiendo la conformidad a todas las designaciones que hacían las iglesias de los ministros de culto para la asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios, mientras que no existiesen problemas. Desde el año 2006 se empezó la práctica de pedir a los ministros de culto ahora designados, así como, los que quieren incorporarse y también a los voluntarios, la capacitación correspondiente por medio de tutoriales de formación y reciclaje.
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La autoridad gubernativa solo podrá prohibir la asamblea cuando considere que hay razones fundadas de que puede alterarse el orden público, debiendo ofrecer una fecha, rincón, duración o itinerario alternativos. En todo caso, la resolución habrá de ser alentada y comunicarse en un período máximo de setenta y 2 horas (art. 10, LO 9/1999, de 21 de abril). Contra la denegación, los organizadores o representantes de la entidad religiosa van a poder interponer recurso contencioso-administrativo frente a la Audiencia competente, en el período de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso correctamente registrada a la autoridad gubernativa con el fin de que aquella remita inmediatamente el expediente a la Audiencia. En varias ocasiones, los Municipios someten estas cuestiones a la exigencia de licencia o autorización anterior. Por consiguiente, aconsejamos que la iglesia o entidad organizadora se informe sobre las ordenanzas municipales aplicables en su concejo para ver si lo que tiene planeado realizar o emplear, está sometido a licencia o no. Asimismo se establecerá en dichas ordenanzas si existe alguna tasa por la ocupación de la vía pública y, en caso afirmativo, si se reconoce alguna exención o bonificación para entidades religiosas o entidades beneficiosas sin ánimo de lucro. Para que la entidad pueda tener los datos personales de sus miembros es conveniente que pueda conseguir de cada uno el consentimiento de forma expresa y por escrito.
Asimismo habrá que indicar la previsión de asistentes y las medidas de seguridad que se adoptarán. Se puede indicar que, al ser una reunión pacífica y no preverse modificaciones, no es necesario adoptar cuestiones de inseguridad, o bien se puede entablar un servicio de orden formado por múltiples personas que vayan identificados de alguna forma. Asimismo hay que acreditar que se tiene aptitud administrativa, operativa y financiera para sugerir información sobre los recursos sociales mucho más cercanos. Esto es una medida complementaria obligatoria que pretender que las personas que forman parte del reparto de alimentos conozcan y puedan utilizar otros recursos y servicios sociales que favorezcan su inclusión social. En la participación en los Fondos FEGA, puede ser obligatorio acreditar que se ha facilitado esta información a través de la firma del beneficiario. El permiso puede ser revocado en cualquier momento y, en un caso así, no van a poder tenerse ni tratarse los datos personales de la persona que haya solicitado su revocación. Este género de cláusulas deberán ser utilizadas siempre y en todo momento por la Iglesia para conseguir el permiso expreso de toda persona que se haga más fácil sus datos a la entidad.
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En este desarrollo será necesario tener un técnico que aconseje y valore las condiciones del local en relación con los requisitos que hay que cumplir. Va a haber que cerciorarse de que no demanden a la Iglesia el cumplimiento de requisitos desmedidos o que sean exigibles para otro género de ocupaciones.
- Hay múltiples sistemas a fin de que las Iglesias y entidades evangélicas logren realizar repartos de alimentos a las personas y familias en situación de necesidad.
La obligación del responsable de seguridad es velar por el cumplimiento en una cierta entidad de las reglas de seguridad contenidas en el Archivo de Seguridad y en la normativa de protección de datos. A fin de que la Iglesia logre almacenar estos datos, antes habrá de haber recabado el permiso del perjudicado, y garantizar al mismo el ejercicio de los derechos que le reconoce la ley . Es por ello que siempre y en todo momento es recomendable obtener el consentimiento de manera expresa y por escrito. La vinculación o adhesión con FEREDE supondrá que el expediente de la entidad va a ser movido desde la Sección General del Registro de Entidades Religiosas a la Sección Especial, pertinente a las entidades que son beneficiarias de los Pactos de Cooperación con el Estado español. Así, los beneficios a los que tienen derecho están recogidos en dichos Pactos de Cooperación (vínculo a los Acuerdos).
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Esto es, se casan ante el Juez o la autoridad civil habilitada y luego, si lo quieren, tienen la posibilidad de solemnizar su matrimonio por medio de una ceremonia religiosa que no posee efectos legales. Los documentos aportados en el expediente de aptitud matrimonial van a ser revisados por un juez o por un notario según el lugar de tramitación elegido, quienes comprobarán si hay algún impedimento para la celebración del matrimonio. Una vez comprobados que no hay impedimentos, se expide un Certificado de Aptitud Marital que tiene una validez de seis meses. Esto es, la liturgia debe festejarse en los seis meses siguientes a la obtención de este certificado. En términos en general, hay que tomar en consideración que, para la entrada y registro en los sitios de culto, es necesario el permiso de la autoridad eclesiástica pertinente o, en su caso, auto judicial (con las salvedades previstas en la legislación, por servirnos de un ejemplo, en casos de riesgo para la gente, de ruina inminente…). Primeramente, hay que poner énfasis que el proceso de acceso a España siempre y en todo momento se realiza desde el país de origen y no puede formalizarse en nuestro país.
